Antes que nada, queremos agradecer todos los mensajes que opinaron sobre la editorial vinculada a la prohibición de asistir a los estadios del público visitante. Mas allá de compartir nuestra opinión, es muy positivo que cada uno se exprese y aporte su verdad relativa. Estamos convencidos que es la mejor forma de encontrar una solución al problema.En cuanto a las críticas de porque ponemos el foco de los cuestionamientos en personajes vinculados a la organización de la seguridad en los estadios de fútbol y no en los hinchas violentos; el motivo es simple. A los hinchas que producen hechos violentos, el estado y la policía tienen todos los elementos para condenarlos. Y si no los tuviese, tiene la posibilidad de modificar o crear leyes nuevas. Pero cuando los funcionarios tienen vinculación directa en la inseguridad de los estadios, la solución se muestra mucho más complicada.
La gestión de Castrilli y Gallina ha fracasado desde las frías estadísticas, los hechos de violencia aumentaron sensiblemente, y estuvo plagada de medidas mediáticas y de condenas duras e injustas para los clubes chicos (los hinchas de Cole lo sabemos muy bien). Mientras que jamás se atacó el núcleo del problema: la policía o algunos comisarios que utilizan al fútbol como caja personal. Cuantos incidentes se podrían haber evitado si la policía hubiera llevado la misma cantidad de efectivos que pidió y cobró. Sin ir más lejos, los últimos incidentes importantes que se vivieron en Munro fueron contra Ituzaingo y San Miguel. En el primero la policía hizo ingresar a la hinchada visitante por la entrada local, y contra el Trueno Verde había tan sólo 2 policías en la tribuna visitante y ninguno en el campo de juego (lo que posibilitó que una
persona ingresara y robara la bandera que desencadenó el descontrol posterior). Las fuerzas del orden tuvieron que reconocer que al menos 35 efectivos –de un total de 110- no habían asistido al estadio y tuvieron que devolver el dinero. Algún policía o responsable del Coprosede sancionado…? No.La responsabilidad de las barras es igual a la de cualquier ciudadano que debe comportarse dentro de las normas estipuladas, de lo contrario será sancionado. Pero cuando los funcionarios policiales y/o políticos de los organismos de seguridad crean un sistema corrupto -basado en normas e impunidad para que la violencia continúe- aumenten el costo de los operativos y el presupuesto del Coprosede y el Prosef. Si encima ellos reconocen que no pueden resolver el problema
y resuelven cerrar la persiana prohibiendo el ingreso del público visitante. La mínima actitud que debería acompañar este rapto de sincerar su incapacidad es la presentación de la renuncia, que ninguno ni siquiera amago.Me parece que obedece simplemente al sentido común. Si a una persona la contratan para fumigar un ratón del garaje de una casa. Pasan diez años, el problema no se resuelve y los roedores se multiplicaron. Con cierto criterio, el fumigador decide clausurar el garaje para evitar que el mal se propague hasta que se encuentre una solución. Ahora, lo insólito sería que el fumigador pretenda seguir cobrando por un trabajo que no solucionó y empeoró.
Digamos, si ante la gravedad de la violencia en el fútbol –que todos reconocemos- se decide impedir que ingrese el público visitante como medida transitoria hasta encontrar las soluciones de fondo. Es una medida que duele pero que contiene cierta racionalidad. Pero si las soluciones las van a tomar los mismos que crearon este sistema corrupto que aumentó la violencia, enriqueció a la policía y a los organismos de seguridad, y castiga en lo económico y deportivo a los clubes más chicos, creo que seguiremos condenados al fracaso y el futuro de nuestro querido ascenso corre serio peligro.
Rodrigo González
